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Algunas aclaraciones sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

El cinco de noviembre se reunirá el pleno del Tribunal Supremo para dirimir sobre quiénes pagarán los impuestos, Actos Jurídicos Documentados, relacionados con la constitución de las hipotecas.

En primer lugar, me gustaría aclarar que, cuando como persona física se compra una vivienda de segunda mano se generan una serie de gastos, tales como Plusvalía, Notaría, Registro e Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, también llamado ITP.

Dicho lo anterior, es frecuente que para adquirir dicha vivienda se haya solicitado la constitución de una hipoteca. Pues bien, cuando constituimos una hipoteca también hay que pagar ciertos gastos, tales como Notaría, Registro e Impuestos. En este caso, el impuesto que debemos pagar se denomina Actos Jurídicos Documentados (AJD).

La cuestión que ha suscitado que se tenga que reunir el pleno del Tribunal Supremo es: ¿Quién es responsable del pago de dicho impuesto?

Desde la constitución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha sido el cliente, es decir, nosotros los consumidores, los que hemos pagado el citado impuesto, pero hace unos días la sala tercera del Tribunal Supremo emitió una resolución por la cual obligaba a los bancos a asumir dicho impuesto, con el argumento de que el beneficiario de que se escriturara y registrara la hipoteca era el banco, pues garantizaba con ello el cobro del crédito concedido. Esta decisión ha generado una caída sustancial de las entidades crediticias en los mercados de valores y cierta controversia jurídica.

Por lo expuesto, el presidente de la Sala Tercera, D. Luis María Díez-Picazo, ha tomado la decisión, totalmente inusual, de convocar el pleno para ratificar, anular o modificar la decisión de la sala tercera.

Mi opinión es clara, debe ser la entidad de crédito la que pague el impuesto, pero no nos engañemos. Como es habitual, ello no nos va a salir gratis a los consumidores.  Pueden estar seguros de que los bancos repercutirán el mismo a sus clientes por medio del incremento de la comisión de estudio, o la cancelación anticipada de la hipoteca, o cualquier otra vía.

No obstante, lo que es justo es justo y en mi opinión no hay duda de que el responsable del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe ser la entidad de crédito, es decir, el banco interesado en que se escriture y registre el crédito concedido.

Si la decisión del pleno confirma la de la sala, habrá que ver a quién se le deberá reclamar el impuesto pagado por los consumidores que ya tengan constituida una hipoteca, si al banco o a la administración.

Recuerden que este impuesto lo solicita y recibe en última instancia la Administración Autonómica y los bancos han hecho hasta ahora de meros intermediarios o recaudadores de impuestos, y digo hasta ahora, porque muy probablemente pasen a ser el sujeto pasivo del mismo a partir del próximo día 5.

Por otro lado, el asunto que seguro más tiempo les va a llevar decidir al pleno, en caso de que se mantenga la postura de la Sala “de que el impuesto le corresponde pagarlo al banco” es: ¿desde cuando se podrá reclamar la devolución de las cantidades pagadas por el contribuyente?

Este asunto es complicado. Primero, por la cantidad tan significativa que supondrá pagar a las entidades crediticias y segundo, por cómo repercutirá en las declaraciones fiscales efectuadas.

Téngase en cuenta que si los bancos se convierten en obligados al pago, podrán desgravarse las cantidades abonadas en concepto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y a los consumidores que se les devuelvan las cantidades pagadas, deberán también corregir sus Declaraciones, cuando se hayan desgravados el citado impuesto, pero si nos remontamos a más de cinco años estos ejercicios estarán cerrados.

Pero esa y otras cuestiones las iremos aclarando en próximos post.

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